La propuesta de reforma, que integra estímulos fiscales a la Ley del ISR, formaliza beneficios previamente establecidos mediante un decreto del Ejecutivo en enero de 2025. Bajo este esquema, las empresas podrán deducir gastos por capacitación técnica o científica, siempre que los trabajadores beneficiados estén debidamente registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La iniciativa, que delimita su vigencia y condiciones dentro de las disposiciones transitorias para 2027, contempla una bolsa máxima de 1,500 millones de pesos, sujeta a los requisitos del comité encargado de su autorización bajo el marco del Plan México.
Eduardo Hernández, director jurídico de ManpowerGroup México, Caribe y Centroamérica, calificó la iniciativa como una señal positiva al reconocer la capacitación como una inversión estratégica. No obstante, advirtió que el incentivo debe verse como un catalizador y no como una solución integral. Alberto Alesi, director general de la misma firma, destacó que la capacitación ha ganado terreno en las prioridades empresariales, pasando de representar el 10% de las estrategias contra la escasez de talento a un rango de entre 50% y 60% en la actualidad.
Por su parte, Carla Martínez Santistevan, socia de la firma De la Vega & Martínez Rojas, precisó que el impacto económico de la medida debe analizarse con cautela. Explicó que una deducción adicional del 25% no implica un ahorro directo de esa magnitud, sino que, aplicada a la tasa del 30% del ISR, representa un beneficio real de aproximadamente 7.5 centavos por cada peso de gasto incremental. Por ejemplo, ante una inversión adicional de un millón de pesos, el ahorro efectivo rondaría los 75,000 pesos, siempre que la empresa cuente con la utilidad fiscal necesaria para aplicarlo.
La experiencia internacional, documentada por la OCDE, sugiere que este tipo de incentivos suelen beneficiar actividades que las empresas ya tenían previstas. Además, existen limitantes estructurales: las deducciones favorecen principalmente a compañías con utilidades, dejando en desventaja a negocios nuevos o con pérdidas. Asimismo, la exigencia de un registro ante el IMSS excluye a estudiantes, aprendices y recién egresados sin una relación laboral formal, salvo en casos específicos de Polos de Desarrollo Económico con convenios de educación dual. Los especialistas concluyen que el éxito de esta política no debe medirse por el gasto ejercido, sino por indicadores verificables como la reducción de la rotación de personal, la obtención de certificaciones y el incremento en las promociones internas.
