DILLEY, Texas. — La crisis migratoria en Estados Unidos ha encontrado en la iniciativa privada una respuesta ante las carencias reportadas en los centros de detención. Casey Revkin, fundadora de la organización Each Step Home, se ha convertido en un salvavidas para cientos de familias migrantes recluidas en el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley (DIPC), al depositar fondos semanales que alcanzan los 10,000 dólares para que los detenidos puedan adquirir productos básicos.

El caso de Luis Sánchez, un ciudadano nicaragüense que permaneció tres semanas en Dilley junto a sus cuatro hijos, ilustra la situación. Sánchez relata que, ante la desesperación y la falta de recursos, recibió 200 dólares tras contactar a Revkin, lo que le permitió comprar agua, snacks y artículos de higiene. "Es un hada madrina", afirma Kristin Etter, abogada del Texas Immigration Law Council, quien asegura que muchas familias no podrían sobrevivir sin este apoyo externo.

La labor de Revkin se intensificó tras el regreso de Donald Trump a la presidencia y el endurecimiento de las políticas migratorias. La activista utiliza una red de contactos con abogados y congresistas para identificar a los detenidos y realizar depósitos a través del sistema de software del centro, cubriendo, según sus estimaciones, al 80% de la población en Dilley.

Por su parte, la empresa CoreCivic, que gestiona el centro, ha rechazado las denuncias sobre condiciones inhumanas. Ryan Gustin, portavoz de la compañía, declaró que el centro cumple con los estándares federales, que el agua es potable y que se ofrecen tres comidas nutritivas diarias. Asimismo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reiteró que los detenidos cuentan con acceso a servicios básicos y que la detención es una elección, ofreciendo la opción de la autodeportación con un incentivo de 3,000 dólares.

A pesar de las posturas oficiales, organizaciones como Human Rights First y Raíces han denunciado en informes, como el publicado en abril, la existencia de condiciones sistémicas deficientes. Para familias como la de Sánchez, que salió del centro el 1 de julio bajo el programa de supervisión intensiva (ISAP), la ayuda de Revkin trascendió la detención, permitiéndoles cubrir gastos de transporte y útiles escolares para retomar su vida.