El Gobierno de México, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha puesto en marcha una estrategia reforzada para combatir a las empresas conocidas como 'factureras', sociedades que simulan operaciones para evadir impuestos, desviar recursos o lavar dinero. Entre 2014 y 2019, se identificaron cerca de 8,204 de estas entidades, las cuales generaron un daño al erario estimado en 1.6 billones de pesos mediante la emisión de ocho millones de facturas falsas.
La presidenta Sheinbaum confirmó que el Paquete Económico 2027, que será entregado este 8 de septiembre por el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, en la Cámara de Diputados, incluirá cambios legales para cerrar brechas de evasión. “Queremos atajar desde todos los puntos esta evasión fiscal que todavía se da a través del esquema de las facturas falsas”, señaló la mandataria.
Por su parte, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, de Morena, presentó ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público una serie de propuestas para modificar el Código Fiscal de la Federación (CFF). El legislador destacó que la Auditoría Superior de la Federación ha documentado redes de proveedores fantasmas con operaciones que superan los 14,000 millones de pesos en servicios públicos y cerca de 10,000 millones de pesos en obra pública en tres entidades federativas.
Entre las medidas clave destaca la regulación del uso de inteligencia artificial, algoritmos y big data en el artículo 42 del CFF. El objetivo es que el SAT identifique perfiles de riesgo con mayor precisión, garantizando siempre la protección de datos personales y la supervisión humana en la toma de decisiones fiscales. Norma Leyla Rangel López, presidenta de la Comisión Nacional de Consultoría del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, explicó que estas herramientas permiten a la autoridad fiscal rastrear la trazabilidad de las operaciones al cruzar información bancaria y de proveedores.
Adicionalmente, el Congreso explora la fiscalización de empresas extranjeras que operan en México a través de plataformas digitales sin presencia física, así como una mayor coordinación entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el SAT y la Fiscalía General de la República (FGR).
