La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Consejo Nacional de Autoridades Educativas aprobó por unanimidad un acuerdo para regular el uso de dispositivos móviles en las aulas. La medida, que será publicada en el Diario Oficial de la Federación, entrará en vigor el 3 de noviembre tras un periodo de un mes destinado a asambleas informativas en los planteles.
La mandataria explicó que el objetivo central es fortalecer los mecanismos pedagógicos y evitar que las pantallas limiten el proceso de aprendizaje y desarrollo cognitivo. "Está demostrado que cuando se escribe en el papel, se desarrollan habilidades sicomotoras y se desarrollan habilidades cognitivas", señaló Sheinbaum Pardo. Aunque los alumnos podrán portar sus teléfonos guardados en sus mochilas, su uso estará estrictamente prohibido durante las clases y el recreo.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, precisó que la disposición es obligatoria para primarias y secundarias, niveles donde se realizarán supervisiones. Respecto al personal docente, Delgado aclaró que no están incluidos expresamente en la restricción, aunque subrayó que deben poner el ejemplo. En cuanto al bachillerato y educación superior, cada institución determinará sus propias disposiciones para fomentar un uso responsable y ético de la tecnología.
Durante el informe de la dependencia, Delgado también destacó el éxito del programa Vida Saludable, el cual ha logrado erradicar la venta de comida chatarra en las escuelas, a pesar de los litigios interpuestos por corporaciones que buscan revertir esta medida. Asimismo, el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva, reportó la apertura de una convocatoria extraordinaria con 18 mil 674 lugares presenciales y 18 mil 829 virtuales, logrando hasta el momento el registro de 13 mil 920 nuevos alumnos.
Finalmente, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, encabezada por Ricardo Monreal Ávila, respaldó la decisión y anunció que buscarán elevar esta medida a rango de ley para garantizar su permanencia, obligatoriedad y coercitividad, más allá de un decreto administrativo.
