El Gobierno federal ha puesto en marcha un ambicioso esquema de incentivos fiscales diseñado para dinamizar la inversión productiva bajo el denominado Plan México. Este programa permite la deducción inmediata de bienes nuevos de activo fijo adquiridos entre el 1 de enero de 2027 y el 30 de septiembre de 2030, siempre que los activos se utilicen por primera vez en territorio nacional y permanezcan en operación durante un periodo mínimo de dos años.
La estructura de deducciones se ha segmentado según el impacto tecnológico y productivo de la inversión. El sector de manufactura, ensamble y transformación de componentes magnéticos y tarjetas electrónicas para computación lidera el esquema con una deducción inmediata del 100%. Por otro lado, la maquinaria destinada a investigación y desarrollo, así como dados, troqueles y moldes, contarán con una tasa del 86%. Los equipos de cómputo, servidores y periféricos de red tendrán un beneficio del 85%.
En cuanto a la transición energética y productiva, se aplicará una deducción del 83% para vehículos eléctricos, híbridos y de hidrógeno, además de maquinaria para sectores como agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y construcción. Otros rubros incluyen una deducción del 80% para equipo de restaurantes, 67% para infraestructura de transporte eléctrico e hidrocarburos y equipos de comunicación, y 49% para maquinaria de generación eléctrica y procesamiento de alimentos básicos.
Es importante señalar que el estímulo excluye explícitamente mobiliario de oficina, vehículos de combustión interna, blindajes, bienes no identificables individualmente y aeronaves no destinadas a la aerofumigación agrícola.
Además de la inversión en activos, el programa contempla un componente de capital humano e innovación. Las empresas podrán aplicar una deducción adicional del 25% sobre el incremento en gastos de capacitación técnica y científica para trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), incluyendo programas de educación dual coordinados con la Secretaría de Educación Pública (SEP). Asimismo, se incentivan proyectos de innovación orientados a la obtención de patentes y certificaciones necesarias para la integración en cadenas de proveeduría local o regional. El cálculo de este beneficio se basará en el incremento positivo del gasto respecto al promedio de los tres ejercicios fiscales anteriores.
