El Ministerio del Interior de España emitió una disculpa pública este martes 8 de septiembre de 2026, negando cualquier intención de censura tras la polémica generada por la elaboración de un registro secreto de informadores. La controversia surgió a raíz de una exclusiva publicada por el diario digital El Confidencial, que reveló la existencia de un dosier con fichas detalladas de numerosos periodistas, incluyendo directores y columnistas.
Según el reporte, el documento contenía fotografías y comentarios sobre el desempeño profesional y la adscripción política de los comunicadores. Entre las etiquetas utilizadas para clasificar a los profesionales figuraban términos como "afín al PSOE", "tendencia conservadora", "independiente", "centro derecha moderado", "extrema derecha" y "desinformación".
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) condenó enérgicamente la medida, calificándola como una práctica de vigilancia incompatible con el Estado de derecho que podría derivar en represalias contra el periodismo crítico. Este incidente ocurre en un momento de alta tensión política para el ministerio, encabezado por los socialistas, debido a las críticas por su gestión ante la entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado mes de julio.
En su comunicado oficial, el Ministerio del Interior argumentó que se trataba de un "documento interno" creado en 2024 con fines "consultivos", asegurando que no existía propósito de restricción o censura. "Pedimos disculpas a los profesionales que se hayan sentido ofendidos por el contenido del documento y por algunas de las valoraciones vertidas", señaló la institución.
Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reafirmó desde Ceuta que el documento carecía de "ninguna finalidad espuria" y aseguró que, bajo ninguna circunstancia, el listado influyó en el trato diferenciado hacia los medios o periodistas al momento de atender requerimientos informativos.
