RAIFORD, Florida. — La ejecución de Harold Gene Lucas, de 74 años, el pasado 1 de septiembre de 2026, marcó un hito en el sistema penal de Florida. Lucas, quien fue declarado muerto a las 6:18 p.m. tras recibir una inyección letal, ostentaba el récord de haber pasado más tiempo en el corredor de la muerte en Estados Unidos, tras ser condenado por el asesinato de Jill Piper en 1976. Con este caso, Florida suma 14 ejecuciones en lo que va del año, superando a cualquier otro estado del país, según datos del Centro de Información de la Pena de Muerte.
La tendencia al alza es notable tras las 19 ejecuciones registradas en 2025, el año con mayor actividad desde el restablecimiento de la pena capital en 1976. El gobernador republicano Ron DeSantis ha sido el principal impulsor de esta política, utilizando su discreción para fijar fechas de ejecución, a pesar de haber mantenido un periodo de inactividad entre 2020 y 2022. DeSantis ha defendido estas medidas como un acto de justicia para las familias de las víctimas, aunque críticos y organizaciones como la ACLU señalan que el aumento responde a intereses políticos.
El marco legal también ha sido modificado bajo la administración actual. Tras la condena a cadena perpetua de Nikolas Cruz por la masacre de Parkland en 2018, DeSantis promovió una reforma que permite imponer la pena de muerte con solo 8 votos de los 12 miembros de un jurado. Asimismo, se han implementado medidas polémicas, como la pena de muerte automática para extranjeros en situación irregular hallados culpables de delitos capitales, una norma que expertos consideran inconstitucional.
La controversia se agudiza al considerar que Florida es el estado con mayor número de exoneraciones de condenados a muerte, con 30 casos registrados. Organizaciones como Floridanos por una Alternativa a la Pena de Muerte (FADP) y la Conferencia de Obispos de Florida han manifestado su rechazo, argumentando que el sistema es propenso a errores y que la pena capital no actúa como un factor disuasorio. A pesar de las constantes peticiones de clemencia enviadas al despacho del gobernador, ninguna ha sido concedida en los últimos 43 años.
