Nueva ofensiva legal contra Julio Iglesias
Dos mujeres, identificadas bajo los pseudónimos de Rebeca y Laura, han formalizado este jueves una nueva querella ante la Audiencia Nacional española con el objetivo de reactivar la investigación por presuntas agresiones sexuales y condiciones de servidumbre. Los hechos denunciados habrían ocurrido en 2021, durante el tiempo en que ambas se desempeñaban como trabajadoras domésticas en las propiedades que el cantante, de 82 años, posee en Bahamas y República Dominicana.
Esta acción legal surge tras el archivo, en enero pasado, de una denuncia previa por parte de la Fiscalía. En aquel momento, la instancia argumentó que España no era competente para investigar delitos cometidos en el extranjero al no encontrar vínculos relevantes con el país. Sin embargo, la defensa de las denunciantes, representada por la organización Women’s Link Worldwide, sostiene que los tribunales españoles sí tienen competencia bajo la ley vigente, la cual permite perseguir delitos cometidos fuera del territorio nacional por ciudadanos españoles, siempre que el acto sea punible en el país donde ocurrió.
Acusaciones y postura del artista
El documento legal detalla que el artista habría utilizado su posición de poder para captar a las mujeres y trasladarlas a sus residencias, donde las mantenía en un clima de intimidación. La querella describe:
- Situaciones de acoso y agresiones sexuales continuas.
- Imposición de condiciones laborales forzadas y degradantes.
- Vejaciones constantes, incluso durante la madrugada.
Por su parte, Julio Iglesias, quien ha vendido más de 300 millones de discos a lo largo de su trayectoria, ha calificado las acusaciones de "absolutamente falsas". El intérprete ha negado categóricamente "haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer".
El papel de la justicia
La organización Women’s Link, que brinda acompañamiento a las denunciantes, enfatiza que el Estado español tiene la obligación de garantizar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones, independientemente de la figura denunciada. Jovana Ríos Cisnero, directora ejecutiva de la organización, señaló: “Se debe garantizar que puedan acceder a la justicia en condiciones de seguridad y dignidad. Es fundamental”.
La Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia será la encargada de determinar si existen elementos suficientes para abrir una nueva investigación formal. Cabe recordar que, al archivar la denuncia en enero, la fiscalía de la Audiencia Nacional indicó que dicha decisión no impedía a las partes presentar nuevas acciones ante otras jurisdicciones.
