En una nueva escalada de su estrategia de máxima presión, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha impuesto sanciones contra Fidel Ernesto Castro Calis, nieto del expresidente Raúl Castro. La medida, fundamentada en la Orden Ejecutiva 14404, responde a su condición de familiar adulto de Alejandro Castro Espín, una figura influyente en la inteligencia cubana que ya había sido sancionado en junio junto a otro de sus hijos, Raúl Alejandro Castro Calis.
La Administración estadounidense justificó estas acciones señalando que buscan limitar la capacidad del régimen para financiar su maquinaria represiva. El secretario de Estado, Marco Rubio, reforzó esta postura al declarar: “Cuba’s Communist regime elites preside over a failed state where ordinary Cubans go hungry while the Castro family and other insiders enrich themselves through sanctions evasion and other illicit schemes – and seek to export subversive Marxist ideology to the United States and…”.
El impacto económico se extiende a pilares fundamentales de la economía cubana. Entre las entidades sancionadas destaca el Banco Exterior de Cuba (BEC), acusado de operar en el sector financiero estatal. Asimismo, el sector energético fue golpeado con sanciones a Comercial Cupet S.A. y la Empresa Importadora de Abastecimiento para el Petróleo (Abapet), filiales de Unión Cuba Petróleo (Cupet). En el ámbito minero, las restricciones alcanzaron a Nicarotec y Cexni, empresas estatales esenciales para la exportación de níquel y cobalto.
Estas medidas implican la congelación de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición total para ciudadanos y empresas de EE. UU. de realizar transacciones con los designados. Washington advirtió además sobre posibles sanciones secundarias para instituciones financieras internacionales que interactúen con estos actores.
Este anuncio se suma a una serie de restricciones previas contra el conglomerado Gaesa, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y el Ministerio de Turismo. La presión sobre el presidente Miguel Díaz-Canel y la cúpula revolucionaria se mantiene firme, recordando que, desde mayo, el Departamento de Justicia mantiene una imputación formal contra Raúl Castro por su presunta implicación en el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.
