El gobierno de Estados Unidos ha dejado clara su postura frente a la infiltración del crimen organizado en las estructuras gubernamentales de la región. Bajo la premisa de que “nadie está exento”, las autoridades estadounidenses han intensificado su vigilancia y acciones legales contra exfuncionarios vinculados a organizaciones criminales.

Como parte de esta estrategia, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala destacó recientemente la imposición de sanciones contra siete exfuncionarios ecuatorianos, señalados por sus presuntos nexos con grupos delictivos. Esta medida subraya la determinación de Washington por combatir la corrupción vinculada al narcotráfico en América Latina.

En el caso específico de México, la presión judicial se mantiene vigente. El gobierno estadounidense ha solicitado formalmente la extradición de 10 funcionarios y exfuncionarios originarios de Sinaloa, en un esfuerzo por procesar a quienes han sido identificados por su colaboración con el crimen organizado.