La administración de Donald Trump ha intensificado sus operaciones migratorias, alcanzando en agosto de 2026 un total de 50,925 detenciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Esta cifra representa casi el doble de los arrestos registrados en agosto del año anterior y supera en más de cinco veces los niveles observados en agosto de 2024, durante la gestión de Joe Biden. El objetivo declarado por la Casa Blanca es alcanzar un ritmo de 2,000 arrestos diarios.
El incremento en la actividad operativa coincide con un aumento significativo en el presupuesto de la agencia. Además de su financiamiento anual de aproximadamente 10,000 millones de dólares, ICE cuenta con una partida adicional de 75,000 millones de dólares asignada para un periodo de cuatro años. Según datos del Deportation Data Project de la Universidad de California, el 57% de los detenidos bajo el actual gobierno son deportados en un plazo menor a 60 días, mientras que solo el 7% obtiene su libertad en ese mismo periodo.
Aunque el discurso oficial sostiene que las redadas se enfocan en individuos peligrosos, los datos revelan una realidad distinta: desde septiembre de 2025, la mayoría de los migrantes arrestados no cuentan con antecedentes penales. En julio de 2026, apenas el 25% de los detenidos tenía una condena previa por algún delito. La demografía de los arrestados muestra que el 39% son mexicanos, seguidos por guatemaltecos (14%), hondureños (11%) y venezolanos (7%). Asimismo, el 88% de los 548,645 registros desde el 20 de enero de 2025 corresponden a hombres.
Texas y Florida se mantienen como los estados con mayor número de detenciones. En Florida, el incremento fue particularmente notable, pasando de 3,306 arrestos en mayo a 7,170 en junio, un alza del 117%. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), bajo la dirección de Markwayne Mullin, ha instado a los migrantes irregulares a abandonar el país, advirtiendo que, de lo contrario, serán sujetos a detención y deportación. Este despliegue ocurre en un contexto político clave, previo a las elecciones de medio mandato de noviembre, donde la política migratoria se perfila como un factor determinante para el control del Congreso.
