CIUDAD DE MÉXICO. — Las empresas en México atraviesan un periodo de transformación operativa ante el endurecimiento de las facultades del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Tras las reformas al Código Fiscal implementadas el año pasado, la autoridad tributaria ha consolidado herramientas de inteligencia artificial y análisis de big data para ejecutar auditorías exprés, congelar cuentas y suspender sellos digitales a contribuyentes que presenten irregularidades, como el uso de facturas de empresas fantasma publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Esta nueva realidad ha obligado a las compañías a automatizar procesos, capacitar a su personal y realizar investigaciones exhaustivas sobre sus proveedores y clientes. Según especialistas, la publicación de empresas factureras en el DOF genera un efecto dominó, obligando a las entidades a autocorregirse y eliminar cualquier efecto fiscal derivado de operaciones con dichos entes.
Por otro lado, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) ha expresado su preocupación por las propuestas fiscales para 2027. Víctor Hugo Vázquez Aguilar, presidente del Consejo Técnico del IMEF, advirtió que el mecanismo de control de deducciones no distingue entre aquellas que son legítimas y las indebidas. "En empresas con bajo margen, el ISR a cargo puede incrementarse hasta 66.5%, e incluso algunos números que hemos corrido en el Comité Fiscal llegan a incrementos de impuestos efectivamente enterados de más de 100%. Incluso en algunos el ISR podría superar la utilidad real de ciertas empresas", señaló Vázquez Aguilar.
La propuesta de Hacienda para 2027 establece que empresas con ingresos superiores a los 50 millones de pesos no podrán deducir más del 96.7% de sus ingresos acumulables, mientras que para aquellas con esquemas menos agresivos, el límite será del 99%. Asimismo, se plantea limitar la amortización de pérdidas fiscales al 50% de la utilidad fiscal, aunque se amplía el plazo para deducirlas de 10 a 20 años. Sectores como la manufactura, distribución y comercialización se perfilan como los más afectados por estas medidas que, según el IMEF, generan una presión desproporcionada sobre el flujo de efectivo y el capital de trabajo.
