GUADALAJARA, Jal. — El panorama para el Paquete Económico 2027 se perfila complejo, con opciones limitadas para el gobierno federal que oscilan entre la búsqueda de mayores ingresos, la reducción del gasto o la contratación de nueva deuda. Ante este escenario, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) han emitido alertas sobre las implicaciones de estas medidas, sumándose a las voces desde Jalisco que este 7 de septiembre de 2026 han exigido un presupuesto responsable con visión de largo plazo para atender los rezagos en productividad y calidad de vida.
Riesgos fiscales y recaudación
El CEESP ha señalado como una preocupación central la posibilidad de una miscelánea fiscal que incluya cambios significativos en las tasas impositivas. Aunque el organismo no confirma que la Secretaría de Hacienda prepare un alza de impuestos, advierte que es un riesgo latente. Por su parte, la Coparmex ha sido enfática al solicitar que no se creen nuevos impuestos y que el ajuste no recaiga nuevamente sobre los contribuyentes cautivos, proponiendo en su lugar mejorar la eficiencia recaudatoria y combatir la evasión fiscal.
Desafíos económicos y deuda
El desafío se agrava por el bajo crecimiento económico, que el CEESP estima en un promedio de 1.9% para los próximos 10 años, cifra inferior al 2% registrado en las últimas tres décadas. Esta dinámica limita los ingresos recurrentes mientras las necesidades de gasto social continúan en aumento.
Respecto a la deuda pública, los datos son críticos:
- Saldo Histórico (julio 2026): 19.2 billones de pesos.
- Proyección 2027: Podría ascender a 21.8 billones de pesos según los Precriterios Generales de Política Económica.
- Endeudamiento estimado 2027: 1.5 billones de pesos, frente a una inversión pública limitada a 500,000 millones.
- Costo financiero: Se estima en 1.6 billones de pesos, equivalente al 4.3% del PIB, la proporción más alta desde 1990.
Propuestas del sector privado
Ambos organismos coinciden en que un recorte indiscriminado podría afectar la inversión pública. La Coparmex sugiere una revisión exhaustiva de programas e instituciones para eliminar erogaciones de bajo impacto y duplicidades, priorizando sectores como seguridad, salud, educación, energía, agua e infraestructura. Asimismo, subrayan que el apoyo financiero a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad debe estar condicionado a planes de saneamiento, eficiencia y transparencia.
