El Paquete Económico 2027 ha encendido las alarmas entre las principales cámaras empresariales del país. La propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) busca limitar las deducciones que las personas morales con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos pueden aplicar para el cálculo del Impuesto Sobre la Renta (ISR). El objetivo gubernamental es incrementar la recaudación y frenar prácticas de empresas que reportan pérdidas recurrentes o que han evadido el pago de impuestos durante años.
Sin embargo, organismos como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advierten que la medida podría castigar a negocios legítimos con costos operativos elevados y márgenes de utilidad estrechos, como distribuidores, abarroteros y pequeñas empresas.
José Medina Mora, presidente del CCE, reconoció la necesidad de que las empresas que no pagan impuestos comiencen a hacerlo, pero subrayó que la medida es indiscriminada. "Esto es una buena medida para que aquellas empresas que no pagan impuestos los paguen. Pero afecta a otras", señaló. Ante este escenario, el CCE ha acordado instalar mesas de trabajo con Hacienda para revisar los detalles técnicos y evitar que se comprometa el crecimiento económico y el grado de inversión del país.
Por su parte, Juan Pablo Castañón, vicepresidente del Comce, advirtió sobre el riesgo de que estas restricciones impulsen la informalidad. "Si tú aumentas los costos y no puedes aumentar los precios porque el mercado no te lo permite, pues tienes que bajar otros costos", explicó, señalando que las pequeñas empresas, que representan el 99.8% de las unidades económicas en México, podrían verse obligadas a posponer inversiones, reducir personal o recurrir a esquemas de contratación fuera de la formalidad para compensar la falta de flujo.
El gobierno federal sostiene que la medida es necesaria para fortalecer las finanzas públicas. El secretario de Hacienda, Édgar Amador, declaró el pasado 10 de septiembre en el Expansión Summit 2026 que la autoridad busca controlar a personas morales que llevan hasta 10 años sin reportar utilidades. Hacienda estima que estos cambios en deducciones y pérdidas fiscales podrían generar ingresos adicionales por 140,000 millones de pesos.
Para 2027, la dependencia proyecta una recaudación tributaria del 15.9% del PIB, mientras que el costo financiero de la deuda pública se estima en 1.57 billones de pesos, con un saldo de deuda cercano al 55% del PIB. Pese a la presión fiscal, el sector empresarial insiste en que la estrategia debe enfocarse en combatir la evasión y las empresas factureras sin afectar a quienes operan correctamente.
