DORAL, Florida. — María, una mujer venezolana de 52 años, vive bajo un estrés constante que se manifiesta en un tic nervioso y parálisis facial parcial, síntomas derivados del temor a ser detenida por agentes de ICE en Doral, Florida. La ciudad, que alberga la mayor comunidad venezolana en Estados Unidos, se ha convertido en un punto de alta vigilancia tras la promesa del gobierno de Donald Trump de ejecutar el operativo de deportación más grande en la historia del país.
María, quien tiene un caso de asilo afirmativo pendiente, ha restringido drásticamente su movilidad. "Siento que esto es como un secuestro", confiesa, comparando su situación actual con los secuestros exprés que vivió en Caracas. La mujer, que llegó a Miami en 2019 tras ser amenazada por grupos armados en su lugar de trabajo, ahora monitorea aplicaciones de seguridad y reportes ciudadanos para evitar patrullas de ICE mientras se desplaza a su oficina.
La incertidumbre se agravó tras la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos en febrero de 2025 por parte del gobierno de Trump. Aunque la medida fue inicialmente revocada por el juez federal Edward Chen en marzo de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó posteriormente poner fin al programa que beneficiaba a más de 600,000 personas.
En el ámbito local, el Consejo Municipal de Doral aprobó en abril de 2025 el acuerdo 287(g), permitiendo la colaboración entre la policía local y ICE. La alcaldesa Christi Fraga ha defendido la medida, argumentando que la aplicación de leyes migratorias es una responsabilidad federal. Mientras tanto, comerciantes locales reportan una caída de hasta el 70% en sus ventas. Ante este panorama, María y su esposo consideran abandonar Estados Unidos para trasladarse a Canadá, buscando escapar de una presión que, asegura, "ya no es vida".
