La deuda derivada del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) continúa siendo un desafío crítico para las finanzas públicas de México. Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) actualizados a julio de 2026, los intereses y gastos administrativos acumulados desde el rescate bancario de la década de los 90 alcanzaron los 2 billones 181 mil 485.6 millones de pesos. A pesar de estos pagos, el saldo pendiente sigue siendo masivo: el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) reporta pasivos por un billón 165 mil 351 millones de pesos, sumados a 35 mil 852.2 millones de pesos correspondientes al programa de apoyo a deudores.
En el marco de la presentación del paquete económico 2027, programada para el 9 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha enfatizado la inviabilidad de esta carga. Durante una gira por Zacatecas, la mandataria calificó el compromiso como una "deuda impagable" y sentenció: "nunca se va a acabar de pagar el Fobaproa, el IPAB". Posteriormente, en Colima, Sheinbaum detalló, citando información del secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, que los pasivos absorben 50 mil millones de pesos del presupuesto público cada dos años, cifra que cubre únicamente una fracción de los intereses, obligando al Estado a contratar nueva deuda para cubrir el capital y el resto de los intereses.
El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, quien ha gestionado un incremento de un billón 555 mil 676 millones de pesos en la deuda pública desde marzo de 2025, ha señalado previamente que estas obligaciones deberán liquidarse al menos hasta 2057, lo que implicaría un impacto de 62 años en el balance público. Aunque el peso relativo de esta deuda frente al Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) ha disminuido del 34.37 por ciento en el año 2000 al 6.25 por ciento en julio de 2026, el origen del pasivo sigue marcado por señalamientos de corrupción e irregularidades documentados por la Auditoría Superior de la Federación.
Actualmente, los costos financieros del Fobaproa representan el 10 por ciento del costo financiero presupuestario total pagado por el país desde diciembre de 1995. La estrategia oficial se centra en que el peso de estos pasivos disminuya conforme crezca la economía nacional, habiendo pasado de representar el 10.78 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre de 1999, a un 2.78 por ciento en junio de 2025.
