El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, ha señalado la existencia de aspirantes que incurrieron en prácticas deshonestas durante el proceso de selección. Aunque Eduardo Bárzana, presidente de la comisión técnica, precisó que no es posible identificar individualmente a los responsables, el debate público se ha centrado en calificar a los estudiantes como 'tramposos'. Sin embargo, expertos sugieren que este enfoque moralista ignora problemas sistémicos de diseño institucional.
El informe entregado al rector Lomelí Vanegas detalla deficiencias administrativas críticas. La convocatoria fue publicada el 12 de enero de 2026, mientras que el contrato con la empresa Territorium Life se formalizó hasta el 23 de marzo, lo que implica que la viabilidad del esquema se definió antes de contar con los anexos técnicos necesarios. Además, la adjudicación fue directa, sin licitación, y los indicadores de desempeño del contrato se limitaron a los tiempos de respuesta de la mesa de ayuda, omitiendo la eficacia de la vigilancia por inteligencia artificial que resultó fallida.
La literatura académica, citando la ley de Donald T. Campbell de 1976, advierte que cuando un indicador cuantitativo se utiliza para decisiones sociales de alto impacto, aumenta la presión por la corrupción. Casos documentados en Chicago, Atlanta, China, India y el escándalo 'Operation Varsity Blues' en 2019 demuestran que el fraude en exámenes de alto impacto es un fenómeno global, no exclusivo de una generación o país, y que ocurre incluso en sistemas con alta inversión en vigilancia.
El informe de la comisión técnica reconoce la existencia de un mercado que ofrece atajos ilegítimos, pero evita deslindar responsabilidades sobre la gestión del contrato o las decisiones de contratación. En lugar de ello, el documento propone medidas futuras como una nueva instancia responsable y un comité técnico asesor, enfatizando la honestidad como valor fundamental. Para los críticos, esta postura mantiene intacto el diseño que incentiva el fraude, sin abordar la raíz del problema: la escasez de lugares en la educación superior en México, que convierte a cualquier examen en un proceso de alta presión propenso a la distorsión.
