El pasado 23 de junio, cinco ciudadanos etíopes fueron ejecutados en el centro de detención de Khamis Mushait, en la provincia de Asir, al sur de Arabia Saudita, tras ser condenados por contrabando de cannabis. Entre los fallecidos se encontraban Kibrom Kinfe Aregawi, de 25 años, y Tsigabu Gebremariam, de 26. Sus familias, que no recibieron aviso previo de la ejecución, denuncian que hasta la fecha no se les han entregado certificados de defunción, pertenencias personales ni los cuerpos de sus seres queridos.
Kinfe Aregawi, padre de Kibrom, relató que se enteró de la muerte de su hijo a través de las redes sociales. Según el testimonio, Kibrom fue detenido en 2023 al cruzar la frontera y sentenciado tras tres años de prisión. Por su parte, Tsigabu Gebremariam, el mayor de ocho hermanos, había migrado para escapar de la pobreza y la guerra civil en Etiopía, siendo ejecutado tras tres años y medio de reclusión.
Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) y la Organización Saudí-Europea para los Derechos Humanos (ESOHR) han condenado la retención de los cuerpos. Duaa Dhainy, investigadora de ESOHR, sostiene que esta práctica extiende el castigo a las familias, mientras que la relatora especial de la ONU, Nazila Ghanea, la ha calificado como "tortura y abuso".
Las cifras de ejecuciones en Arabia Saudita han alcanzado niveles récord, con 356 ejecuciones registradas en 2025, según estimaciones de la ESOHR. Desde el ascenso al trono del rey Salmán bin Abdulaziz Al Saud en 2015, se han contabilizado más de 2,000 ejecuciones, de las cuales el 42% correspondieron a ciudadanos extranjeros. Amnistía Internacional reportó previamente que el 75% de los ejecutados por delitos de drogas eran extranjeros, quienes a menudo son explotados por redes criminales.
El gobierno saudita, a través de sus ministerios del Interior y Asuntos Exteriores, no ha respondido a las solicitudes de comentarios. En comunicados previos, las autoridades han justificado estas medidas bajo leyes que buscan combatir la "corrupción en la Tierra" y proteger la seguridad pública frente al tráfico de drogas. Mientras tanto, otros reclusos en el corredor de la muerte, como uno que confesó contrabando en 2023, viven bajo el temor constante de ser ejecutados sin previo aviso, esperando un indulto que les permita, al menos, que sus restos sean devueltos a sus familias.
