SEATTLE, Washington. — La alcaldesa de Seattle, Katie B. Wilson, se ha consolidado como una figura central de la ola progresista que ha llevado a decenas de políticos identificados como socialistas democráticos a cargos locales, estatales y federales en Estados Unidos durante 2026. A nueve meses de asumir el cargo, Wilson enfrenta el desafío de gestionar una ciudad marcada por décadas de pobreza y criminalidad, mientras promueve una agenda centrada en la vivienda asequible, el apoyo a trabajadores y la resistencia a las políticas migratorias de la administración de Donald Trump.
Aunque la tasa de homicidios en Seattle ha disminuido más de un 30 por ciento este año, un tiroteo ocurrido en julio que dejó tres víctimas mortales provocó la salida del jefe de policía y generó críticas hacia la gestión de la alcaldesa. Wilson sostiene que, a pesar de las preocupaciones por la seguridad, las estadísticas muestran una reducción del crimen y enfatiza que los problemas estructurales deben abordarse atacando la pobreza y la falta de vivienda.
En entrevista, la funcionaria, exintegrante del Transit Riders Union, explicó que su éxito electoral responde a la frustración ciudadana con los partidos Demócrata y Republicano. “Estos triunfos no son chiripas ideológicas; son una respuesta a los problemas de asequibilidad. Renta, vivienda y salarios están tan descompuestos en ciudades estadunidenses que los votantes están premiando a candidatos dispuestos a nombrar esos problemas”, declaró.
Wilson se identifica con el “socialismo de alcantarillado”, un enfoque histórico que prioriza la infraestructura básica, parques y educación. En cuanto a la política migratoria, la alcaldesa ha instruido a las agencias municipales a proteger a la comunidad inmigrante frente a los operativos federales, subrayando que la identidad de Seattle es inseparable de su población latina y mexicana.
La gestión de Wilson ha enfrentado la oposición de sectores empresariales, incluyendo figuras como Howard Schultz, cofundador de Starbucks, debido a sus propuestas de aumentar impuestos a los más ricos. No obstante, la legislatura estatal aprobó este año un impuesto para ingresos superiores a un millón de dólares anuales, medida que cuenta con respaldo popular. Con el costo promedio de una vivienda en 800 mil dólares, la alcaldesa busca equilibrar las expectativas de cambio social con la realidad económica de una ciudad que, históricamente, ha sido cuna de movimientos progresistas desde la huelga general de 1919 hasta las protestas contra la OMC en 1999.
