Ejecutivos de la Organización Trump han realizado viajes a Cuba en meses recientes para evaluar oportunidades comerciales, tras la salida de las cadenas hoteleras españolas Meliá e Iberostar, las cuales operaban en la isla desde la década de 1990 y cesaron actividades debido a la intensificación de las sanciones impuestas por el presidente estadounidense. Según reportes, un grupo de empresarios de Washington y Florida, que incluye aliados multimillonarios del mandatario, lobistas cercanos al secretario de Estado, Marco Rubio, y exiliados cubanos, compite por el control de activos en la isla.
El interés de estos grupos se centra en posicionarse para obtener beneficios ante un posible colapso del gobierno cubano bajo la presión económica de la Casa Blanca. Un caso emblemático es el de la empresa canadiense Sherritt International, que debió abandonar su asociación para la extracción de níquel y cobalto tras la imposición de sanciones secundarias. Ante esto, Ray Washburne y Albert Huddleston, ambos con vínculos estrechos con Trump, han presentado ofertas para adquirir dicha participación.
Paralelamente, un grupo integrado por exempleados de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba asesora al Departamento de Estado en un plan de desarrollo económico para una futura "Cuba libre y democrática", que contempla el sector energético y la compensación por propiedades expropiadas. Por su parte, el vicanciller cubano, Carlos Fernández de Cossío, calificó estas intenciones como una meta ambiciosa de Estados Unidos por "apoderarse de Cuba", lo cual consideró inaceptable. El funcionario reiteró que, aunque La Habana mantiene canales diplomáticos oficiales con Washington, no se han registrado avances.
La situación interna en la isla se agravó con la confirmación, por parte del Ministerio de Energía y Minas de Cuba, de una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional, dejando sin servicio a 9.4 millones de habitantes. Este evento representa el octavo apagón masivo del año. Al cierre de esta edición, solo se había restablecido el 18 por ciento del suministro eléctrico en La Habana. Finalmente, la cancillería cubana criticó al gobierno de Costa Rica por la ruptura de relaciones diplomáticas anunciada por el canciller Manuel Tovar Rivera, señalando una subordinación a la política estadounidense.
