WASHINGTON, D.C., EE. UU. — El gobierno de Estados Unidos ha solicitado formalmente al Departamento de Justicia que garantice la inmunidad de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ante un proceso judicial en curso. La petición, presentada por el asesor legal del Departamento de Estado, Reed Rubinstein, el pasado 11 de julio, argumenta que el litigio contra Rodríguez podría tener "significativas implicaciones de política exterior".
La solicitud surge en el marco de una demanda civil presentada en agosto de 2025 por Edgar José Marval, Jerrel Kenemore y Jason Saad, tres ciudadanos estadounidenses que fueron liberados en diciembre de 2023 tras un intercambio por el empresario Alex Saab. Los demandantes denunciaron haber sido víctimas de secuestro y torturas físicas y psicológicas por parte de agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela, con el fin de ser utilizados como fichas de negociación.
El juez de distrito Darryn P. Gayles dictaminó recientemente una "sentencia en rebeldía" que obliga a Nicolás Maduro y a otros miembros de su gobierno a pagar más de 312 millones de dólares a los afectados. Sin embargo, este fallo no incluye a Delcy Rodríguez, a su hermano Jorge Rodríguez ni a la petrolera estatal PDVSA, quienes permanecen como partes activas en el proceso. La inmunidad solicitada paralizaría las reclamaciones contra la presidenta interina mientras permanezca en el cargo.
Los testimonios presentados ante el tribunal y ante el Comité de la ONU contra la Tortura detallan abusos extremos. Edgar Marval, quien estuvo detenido 123 días, relató haber sido golpeado repetidamente, fracturado de la espalda y sometido a descargas eléctricas, incluso en los genitales. Por su parte, Jerrel Kenemore, cautivo durante 643 días, denunció aislamiento forzado, privación de alimentos y la inhalación forzada de vapores de pintura. Jason Saad, detenido durante 560 días, señaló haber sido forzado a posiciones de estrés físico que le causaron desgarros en los tendones.
El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, negó en julio de 2025 que los estadounidenses hubieran sufrido maltratos, afirmando que existen documentos firmados por los detenidos que contradicen estas denuncias. Actualmente, el caso de Marval es parte de una investigación del FBI sobre lavado de dinero, mientras que su testimonio ha servido como base para informes de la ONU sobre la toma de rehenes como forma de tortura.
