La Cámara de Diputados aprobó anoche, tras un debate de más de 10 horas, el proyecto enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum que busca garantizar que quienes ocupen la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México mantengan un vínculo jurídico y político único con el Estado mexicano. La reforma, que prohíbe a los candidatos adquirir, invocar o hacer valer una nacionalidad distinta a la mexicana, fue avalada con 334 votos a favor, 109 en contra y una abstención.
El dictamen fue aprobado sin modificaciones, luego de que fracasaran las negociaciones entre Morena y el Partido Acción Nacional (PAN). Los grupos parlamentarios buscaban precisar en el artículo 82 que el candidato electo acreditara ante las autoridades electorales la renuncia a otra nacionalidad antes de la declaración de validez de la elección presidencial. Elías Lixa, coordinador del PAN, argumentó que la renuncia a otra ciudadanía no debería ser responsabilidad exclusiva del individuo, advirtiendo que gobiernos extranjeros, como el de Estados Unidos a través del Departamento de Estado, podrían retrasar los trámites deliberadamente, lo que abriría la puerta a una posible injerencia.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, defendió la medida en tribuna al señalar que la coexistencia de vínculos políticos con otros Estados genera un conflicto de lealtades. "Quien posea dos o más nacionalidades puede implicar derechos, deberes y mecanismos de protección frente a otros estados, pero la sola coexistencia de este vínculo político genera un conflicto efectivo de lealtades", afirmó Monreal, quien además aseguró que la reforma no tiene una "carta de intención contra nadie".
Por su parte, Leonel Godoy Rangel, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, destacó que el cambio busca asegurar que el Poder Ejecutivo sea desempeñado por personas comprometidas con la realidad del Estado, reduciendo riesgos a la soberanía nacional. La oposición, integrada por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, votó en contra al considerar que la enmienda vulnera los derechos políticos de los mexicanos residentes en el extranjero. La diputada independiente Araceli Mendoza se abstuvo en la votación. El proyecto ha sido turnado al Senado para su discusión.
