MADRID, España. — Maricarmen, una mujer de 87 años con movilidad reducida y una discapacidad del 50%, fue desalojada este miércoles 23 de septiembre de su vivienda de 92 metros cuadrados en el barrio de Retiro, tras un litigio judicial de varios años. La inquilina, quien residía en el inmueble desde 1956 bajo un contrato de renta antigua, fue retirada en camilla y trasladada al hospital Gregorio Marañón tras la ejecución del desahucio, el cual se concretó al cuarto intento.
El conflicto legal se originó cuando la empresa Urbagestión, actual propietaria del edificio, reclamó una actualización de la renta. Maricarmen pagaba 500 euros mensuales (unos 573 dólares), una cifra muy inferior al valor de mercado. La empresa llegó a solicitar 2.650 euros (3.018 dólares) mensuales, una cantidad que superaba la pensión de 1.350 euros (1.537 dólares) que percibe la octogenaria. Según su abogada, Beatriz Duro, la inquilina nunca se negó a pagar, pero el Tribunal Supremo determinó que el contrato no podía prolongarse por tratarse de una segunda sucesión.
A pesar de las protestas ciudadanas, que incluyeron la presencia de figuras como el actor Carlos Bardem y la cantante Ana Belén, y de una petición del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU para paralizar el desalojo, la medida se llevó a cabo. El Ministerio de Vivienda informó que la entidad pública CASA 47 intentó comprar el piso para evitar el desahucio, oferta que fue rechazada por la propiedad.
Este caso ocurre en un contexto de crisis habitacional en España, donde los precios del alquiler en Madrid alcanzaron los 23,3 euros (26,5 dólares) por metro cuadrado en agosto de 2026, un incremento superior al 80% en la última década. El Banco de España estima que entre 2021 y 2025 se construyeron 750.000 viviendas menos de las necesarias para cubrir la demanda, exacerbando la presión sobre el mercado inmobiliario.
