MADRID, España. — El pasado miércoles 23 de septiembre de 2026, se ejecutó el desalojo de Maricarmen, una jubilada que residió durante siete décadas en el barrio de Retiro, en Madrid. La mujer, quien pagaba una renta antigua de aproximadamente 500 euros, se vio envuelta en una prolongada disputa legal después de que una empresa adquiriera su vivienda y aumentara el alquiler a 2,650 euros, un incremento del 275%, según datos del Sindicato de Inquilinos de Madrid. El caso escaló hasta el Tribunal Supremo, instancia que falló a favor de la compañía propietaria.
Durante la jornada del desalojo, agentes de policía retiraron por la fuerza a activistas que se habían congregado frente al edificio para impedir la acción, la cual se llevó a cabo entre consignas de protesta. Maricarmen, quien requiere el uso de silla de ruedas, fue trasladada en ambulancia por personal sanitario mientras los manifestantes coreaban consignas de apoyo.
En declaraciones previas a la televisión pública RTVE, la afectada calificó a la empresa de "inhumana" y señaló que su situación es el resultado de una presión constante por parte de las autoridades nacionales, regionales y municipales. Por su parte, Amnistía Internacional España denunció el hecho como una "vulneración de los derechos humanos" y lo calificó como un reflejo del sufrimiento que enfrentan miles de hogares en el país.
Desde Nueva York, donde participa en la Asamblea General de la ONU, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó el suceso como una "tragedia social que no podemos aceptar" y criticó la gestión de las autoridades conservadoras de la Comunidad de Madrid. Asimismo, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, reiteró la intención del gobierno de impulsar una ley para prohibir este tipo de desahucios, una medida que Sánchez describió como "absolutamente necesaria" y una "responsabilidad compartida" con el resto del parlamento. La jornada concluyó con movilizaciones masivas en el centro de Madrid contra la especulación inmobiliaria.
