MADRID, España. — El desalojo de Maricarmen Abascal, de 87 años, quien residió durante siete décadas en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el exclusivo distrito de Retiro, ha generado una fuerte controversia nacional. La ejecución, llevada a cabo el miércoles por una comisión judicial tras un litigio de varios años, favoreció a la empresa propietaria, Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, también conocida como Urbagesa. A pesar de la presencia de unos 400 activistas que intentaron impedir el desahucio, un dispositivo policial logró disolver la protesta.
El caso ha escalado a niveles internacionales, provocando la intervención de la ONU. Koldo Casla, relator especial de la ONU para el derecho a la vivienda, cuestionó la decisión judicial: "No hay manera de entender de qué forma puede ser justificado primar la rentabilidad de una inversión inmobiliaria sobre el derecho a la vivienda de una mujer de 87 años que cobra 1.300 euros de pensión y lleva 70 años viviendo en esa casa". Casla recordó que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU había dictado medidas cautelares para suspender el proceso.
El conflicto se originó tras la compra del edificio por parte de Renta Corporación en 2018, que ofreció la venta del inmueble a Maricarmen por 290.000 euros, una cifra inalcanzable para ella. Posteriormente, Urbagestión adquirió el edificio y exigió un alquiler de 3.000 euros, frente a los 570 euros que la anciana pagaba bajo un contrato de renta antigua firmado en 1956. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, calificó el suceso como una "tragedia".
Urbagestión, constituida en 2005 y vinculada a los empresarios Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, se define como una microempresa dedicada a la inversión inmobiliaria. Aunque la firma sostiene que no debe ser equiparada a grandes fondos de inversión, expertos señalan que su modelo de negocio —comprar, reformar y vender para maximizar rentabilidad— refleja la dinámica que ha impulsado el alza de precios en España, donde el costo de la vivienda subió más de un 12% en 2025. Actualmente, Maricarmen se encuentra hospitalizada mientras su antigua residencia permanece vacía.
