TEGUCIGALPA, Honduras. — La Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) mantiene una lucha activa frente a la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa, donde instaló el pasado 10 de agosto el Campamento por la Vida de los Pueblos Garífuna. Esta acción se suma al Campamento Feminista Viva Berta, en un contexto de creciente violencia y amenazas de desalojo que afectan a comunidades indígenas y campesinas en todo el país.
La situación se ha agravado tras la entrada en vigor de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agroindustriales, conocida como Ley 107. Expertos de la ONU han señalado que dicha normativa fue redactada sin consulta previa a las comunidades desplazadas. Como antecedente, el 28 de junio se registró el primer desalojo de campesinos en el departamento de Choluteca bajo este marco legal.
La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) ha documentado un aumento en la represión, destacando el asesinato de al menos 19 personas campesinas en el Bajo Aguán en mayo de 2026. Ante estos hechos, el 17 de julio, el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU exigió justicia y reparaciones, subrayando que el Estado hondureño tiene la obligación de garantizar la no repetición de estos ataques. Morris Tidball-Binz, relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, enfatizó la necesidad de llevar a los responsables ante la justicia.
Bertha Zúñiga, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), denunció que los pueblos originarios enfrentan un ataque mediático cargado de racismo, mientras los sectores oligárquicos responsables de actos de corrupción permanecen intocables. La lucha por la defensa del territorio también recuerda el asesinato de Juan López, defensor de los bienes comunes en Tocoa, ocurrido hace dos años, cuyo caso sigue exigiendo justicia.
En respaldo a la Ofraneh, más de 120 organizaciones nacionales e internacionales enviaron el 10 de agosto una carta abierta a Wagner Vallecillo Paredes, presidente de la Corte Suprema de Justicia, instando al cumplimiento de las sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al cese inmediato de los desalojos masivos.
