La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados se prepara para iniciar este miércoles el debate público sobre la iniciativa de ley de economía digital. El proceso incluirá reuniones con funcionarios de la Secretaría de Hacienda, el Banco de México (BdeM), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como representantes del sector bancario y privado.
Aunque el proyecto tiene como objetivo central identificar actividades económicas no registradas y fomentar la transición hacia pagos electrónicos, los legisladores han advertido que restringir el uso de efectivo podría marginar a personas sin cuenta bancaria, adultos mayores, comunidades rurales e indígenas, así como a ciudadanos que carecen de teléfonos inteligentes.
La propuesta, presentada el 8 de septiembre, se estructura en cuatro ejes fundamentales:
- El reconocimiento de la CURP digital y el expediente digital ciudadano para la contratación de servicios financieros.
- La obligación para que el gobierno acepte pagos digitales en trámites y servicios.
- La facultad otorgada a la Secretaría de Hacienda para determinar sectores y actividades donde el pago digital sea obligatorio.
- Atribuciones para que el BdeM, la CNBV, los bancos y la Agencia de Transformación Digital amplíen la infraestructura y el acceso a servicios financieros.
De acuerdo con la exposición de motivos, el efectivo sigue siendo el medio de pago predominante en México. No obstante, se observa una tendencia al cambio: las operaciones menores a 500 pesos realizadas en efectivo disminuyeron de 90.1 por ciento en 2021 a 85.2 por ciento en 2024, mientras que el uso de transferencias electrónicas y aplicaciones móviles creció de 1.6 a 4.4 por ciento en el mismo periodo.
Legisladores han señalado que la redacción actual de la iniciativa es ambigua, particularmente en lo referente a la facultad de Hacienda para definir "sectores estratégicos y actividades relevantes" donde el pago digital sería la única opción. Según los diputados, no existen criterios claros sobre qué constituye un sector estratégico, ni se precisan los límites de la autoridad hacendaria, las excepciones aplicables o los mecanismos de impugnación.
Finalmente, los integrantes de la comisión subrayaron que la ley debe garantizar que la falta de conectividad o de una cuenta bancaria no impida a los ciudadanos adquirir bienes o realizar trámites, además de exigir una regulación estricta sobre las comisiones y costos que podrían trasladarse a los usuarios y comercios.
