El proceso de consulta sobre la propuesta de Ley General de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, coordinado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), se encuentra en una fase decisiva bajo un intenso escrutinio. La iniciativa, que busca reglamentar la reforma constitucional al artículo 2º aprobada en septiembre de 2024, ha sido cuestionada por diversos sectores debido a que el proyecto, compuesto por 453 artículos y 11 transitorios, se somete a un proceso de consulta de apenas tres meses y medio, a pesar de que el mandato transitorio original establecía un plazo de 180 días para su reglamentación.

La convocatoria, lanzada el 29 de junio y respaldada por la Presidenta de la República, ha sido criticada por la falta de participación directa de los pueblos indígenas. En su lugar, el INPI ha integrado a un comité técnico asesor, al Consejo Nacional de Pueblos Indígenas —organismo creado por el propio gobierno y no reconocido por las comunidades— y a la Secretaría de Gobernación. El cronograma contempla etapas informativas para las 16 mil 728 comunidades registradas en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (Canapia), seguidas de una fase deliberativa y 82 foros regionales, con el objetivo de presentar la iniciativa ante el Congreso de la Unión el próximo 12 de octubre.

La plataforma “Indígenas 3D” ha documentado el rechazo de 184 mil personas, representando a al menos 112 comunidades que consideran la reforma regresiva y limitativa. Las críticas se centran en que el proyecto restringe la libre determinación al trasladar decisiones al INPI y omite derechos fundamentales como el territorio, además de intentar validar propiedad comunal no reconocida en la legislación agraria. Mientras el INPI reporta altos niveles de asistencia y avales a mano alzada, organizaciones sociales y académicos advierten que el proceso se ha limitado a registrar actas sin alcanzar el objetivo de consentimiento previo, libre e informado que estipula el Convenio 169 de la OIT.