TOLUCA, Méx. — La infraestructura penitenciaria del Estado de México atraviesa una crisis de saturación sin precedentes. Según datos de la estadística penitenciaria de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana correspondientes a agosto de 2026, 16 de los 21 penales de la entidad operan por encima de su capacidad, con niveles de sobrepoblación que, en varios casos, alcanzan rangos extremos o críticos.
El problema ha cobrado relevancia nacional tras una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual ordenó a las autoridades mexiquenses implementar medidas urgentes para mitigar el hacinamiento, derivado originalmente de las condiciones en el Centro de Prevención y Reinserción Social de Neza-Bordo. Actualmente, el sistema estatal tiene capacidad para 16 mil 310 reos, pero al 31 de agosto albergaba a 38 mil 681 personas, lo que representa un excedente de 22 mil 371 internos.
Los casos más graves se registran en el Centro Preventivo y de Reinserción Social de Zumpango, que presenta un excedente del 590 por ciento, al alojar a 829 internos en instalaciones diseñadas para 120. Le sigue el penal de Chalco, con una saturación del 400 por ciento (3 mil 870 presos en un espacio para 774), y el centro de El Oro, con un 332 por ciento de exceso. Otros centros con alta saturación incluyen Barrientos (285%), Cuautitlán (217%), Neza-Bordo (196%) y Chiconautla (193%).
La problemática se extiende a centros de menor tamaño como Jilotepec (246%), Ixtlahuaca (117%), Texcoco (87%), Lerma (75%), Valle de Bravo (44%), Sultepec (30%), Tenancingo (6%) y Tenango del Valle (1%). En contraste, los únicos centros que no presentan sobrepoblación son el penal de alta seguridad de Tepachico, Neza Norte, Neza Sur y la penitenciaría Modelo.
Ante este panorama, el secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, sostuvo una reunión en junio pasado con los directores de los 21 penales para proyectar ampliaciones y fortalecer la supervisión. Como parte de la estrategia para el segundo semestre de 2026, se implementará un esquema de inspección técnica in situ y una plataforma de inteligencia penitenciaria para monitoreo en tiempo real desde el C5. Históricamente, el Estado de México ha sido calificado negativamente en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH, con puntajes de entre 5 y 5.5, debido a fallas en la separación de internos, insalubridad y falta de servicios médicos.
