La 17 Conferencia de las Partes (COP17) sobre desertificación concluyó el viernes 28 de agosto en Ulán Bator, Mongolia, tras dos semanas de deliberaciones que culminaron sin un acuerdo global para asignar recursos y coordinar acciones efectivas contra la sequía. Los delegados decidieron postergar cualquier estrategia vinculante hasta la COP18, programada para 2028 en El Cairo, Egipto.
Aunque los organizadores destacaron la movilización de mil 300 millones de dólares para la iniciativa “Insignia de pastizales”, el fracaso en alcanzar un pacto central preocupa ante el aumento del 30 por ciento en la sequía mundial durante este siglo. Se estima que, de continuar la tendencia, el fenómeno afectará a tres de cada cuatro personas en el mundo para 2050.
Entre los anuncios secundarios, se destacó el Fondo de Inversión para la Resiliencia de la Sequía, que movilizará 400 millones de dólares de capital privado para 23 países, y la segunda fase del Observatorio Internacional de Resiliencia a la Sequía (IDRO). Jahan Chowdhury, del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), señaló que, aunque existen soluciones técnicas, persiste una carencia crítica de financiamiento, especialmente del sector privado. Por su parte, el ministro de Medio Ambiente y Cambio Climático de Mongolia, Tsend Sandag-Ochir, estimó que se requieren 355 mil millones de dólares anuales para combatir la degradación de tierras, frente a los apenas 77 mil millones disponibles actualmente.
En el contexto nacional, México enfrenta una situación alarmante con el 57 por ciento de su territorio afectado por algún grado de degradación del suelo, lo que impacta la producción alimentaria y la calidad de vida rural. La Comisión Nacional de Zonas Áridas (Conaza), creada en 1970 y con sede en Saltillo, fue formalmente desaparecida hace un año bajo el argumento de ineficiencia administrativa y duplicidad de funciones con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
El gobierno federal justificó la extinción de la Conaza señalando que la medida permitiría generar ahorros y simplificar la administración pública, trasladando sus tareas a unidades de la Sader. No obstante, la falta de evaluaciones sobre la efectividad de los programas actuales mantiene la incertidumbre sobre la capacidad del Estado para frenar la degradación de los suelos en el país.
