GUACHOCHI, Chih. — La comunidad rarámuri de Norogachi, en el municipio de Guachochi, ha puesto en evidencia el desafío que representa la implementación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM). Tras recibir 8 millones de pesos en 2026, la comunidad demostró su capacidad de gestión al ejecutar mejoras en viviendas para personas vulnerables y adultos mayores en sus 14 capitanías, logrando completar las obras en un plazo de dos meses mediante la organización comunitaria y el uso de recursos locales.
A pesar de este éxito, los siriamis (gobernadores) de Norogachi, Ciénega de Norogachi, Pawichiki y Tatahuichi, junto al comisario de Siquirichi, enviaron una carta formal a la presidenta Claudia Sheinbaum, al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y a la Secretaría de Bienestar. En el documento, manifiestan su rechazo a la "persistente intención del gobierno federal de tutelar, condicionar y centralizar el ejercicio de nuestros derechos colectivos".
Los líderes indígenas argumentan que las reglas de operación actuales del FAISPIAM imponen catálogos de obras ajenos a sus necesidades reales y obligan a contratar proveedores externos, lo cual contraviene su autonomía. "Nuestra capacidad de gestión se materializa en forma viva y legítima en las asambleas comunitarias donde se planea, decide, se proyecta y ejecutan los proyectos comunitarios", señalan en su misiva, exigiendo que se respete su estructura de gobierno tradicional y su capacidad de administrar recursos sin validaciones externas que, a su juicio, reducen la autonomía a una "simulación burocrática".
Aunque el programa, implementado por primera vez en 2026, busca la entrega directa de recursos, la comunidad rarámuri sostiene que el modelo actual ignora el artículo 2º Constitucional y el Convenio 169 de la OIT. La exigencia central es que la gobernanza del fondo se realice reconociendo a las comunidades como sujetos activos de sus propios procesos, evitando que la fiscalización se convierta en un mecanismo de control que anule los acuerdos tomados en sus asambleas.
