La Autoridad Investigadora de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) ha formalizado el inicio de un procedimiento de investigación, identificado bajo el expediente IO-001-2026, con el objetivo de analizar posibles conductas anticompetitivas dentro del mercado de afiliación, organización y acceso a las competiciones de futbol profesional federado en México. El acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre de 2026, busca determinar si existen elementos que acrediten prácticas monopólicas relativas, conforme a lo estipulado en la Ley Federal de Competencia Económica.
La investigación surge tras meses de seguimiento a información pública, reportes periodísticos y denuncias de aficionados. Según la autoridad, el futbol es un sector de alta relevancia económica y social, destacando que México es el segundo país con más aficionados al futbol a nivel mundial, con un movimiento de aproximadamente 250,000 personas cada fin de semana. Además, se reportó que la final de la Copa del Mundo de 2026 alcanzó una audiencia estimada de más de 30.5 millones de personas en territorio nacional. En términos financieros, la industria generó más de 52,000 millones de pesos en 2024 y sostiene cerca de 150,000 empleos anuales.
El procedimiento inicial tendrá una duración de entre 30 y 120 días hábiles, plazo que puede ser prorrogado hasta en tres ocasiones por periodos similares si la Dirección General de Investigaciones de Mercado requiere recopilar más pruebas. Durante este tiempo, la autoridad podrá solicitar información, realizar visitas de verificación y citar a personas relacionadas con el caso. Es importante señalar que, hasta el momento, la Comisión no ha señalado a clubes, empresarios o agentes específicos como responsables, ni ha determinado conductas concretas, enfatizando que el inicio de este proceso no constituye un prejuzgamiento.
En caso de que la investigación concluya con la acreditación de prácticas monopólicas, el Pleno de la Comisión Nacional Antimonopolio tiene la facultad de imponer sanciones que incluyen la orden de suprimir las conductas anticompetitivas y multas económicas que podrían alcanzar hasta el 10% de los ingresos anuales del agente económico responsable.
