El crecimiento exponencial de la información electrónica ha obligado a la construcción masiva de centros de datos, una infraestructura esencial para la economía global pero que ahora enfrenta una creciente oposición ciudadana. Este fenómeno, denominado nimbysmo —por la expresión en inglés 'no en el patio de mi casa'—, se ha convertido en un factor de presión política, donde candidatos a puestos de elección popular en diversas ciudades de Estados Unidos son cuestionados sobre su postura frente a estas construcciones, citando preocupaciones por el consumo de agua, energía y el impacto ambiental.
El debate, sin embargo, presenta posturas encontradas. Recientemente, la revista The Economist publicó un análisis que califica como exagerados y carentes de base científica los argumentos sobre los daños ambientales derivados de estos almacenes. En la misma línea, el coordinador político de la Unión de Electricistas destacó que los 3 mil centros de datos existentes y los mil 500 proyectados generan beneficios económicos que superan los inconvenientes, incluyendo la creación de empleos mejor remunerados y el desarrollo de las comunidades locales.
La controversia ha alcanzado niveles estatales significativos. Un caso emblemático es el del gobernador republicano de Texas, quien tras invitar a empresas como Google y Meta a trasladar sus operaciones desde California, enfrenta ahora protestas de miles de ciudadanos que exigen frenar la construcción de nuevos centros de datos de dichas compañías en su territorio.
Con las elecciones de noviembre en el horizonte, el conflicto entre la necesidad de infraestructura tecnológica y las demandas de las comunidades locales por el uso del suelo y los recursos se perfila como un tema determinante para los votantes que acudirán a las urnas.


