CIUDAD DE MÉXICO — El panorama político regional ha experimentado una transformación profunda con la creación del Escudo de las Américas en marzo de 2026, una alianza de presidentes afines a la administración de Donald Trump, entre los que destacan figuras como Noboa en Ecuador, Irfaan Ali en Guyana, Bukele en El Salvador y Peña en Paraguay. Este bloque representa, según el análisis, una formalización de un régimen donde el crimen organizado deja de ser un instrumento de control externo para convertirse en parte integral de la estructura estatal.
El fenómeno tiene antecedentes históricos complejos, como el caso de Orlando Cicilia, quien en 1987 fue condenado por narcotráfico en Miami. El reportaje emitido por Univisión el 11 de julio de 2011 sobre este caso afectó la imagen del entonces político ascendente Marco Rubio, cuya hermana estaba casada con Cicilia. Aunque nunca se comprobaron nexos delictivos de la familia Rubio, el impacto mediático fue tal que el Partido Republicano boicoteó a la cadena televisiva. Este contexto se suma a la historia de ex agentes cubanos vinculados a la CIA tras Bahía de Cochinos, muchos de los cuales, según datos de Maureen Tracik, formaron parte del 70 por ciento de origen cubano detenido en una redada nacional contra capos de la cocaína en 1971.
En la actualidad, la dinámica entre Estados Unidos y México presenta una paradoja. Mientras se cuestionan los esfuerzos mexicanos contra el crimen, el flujo de narcóticos hacia el mercado estadunidense —que cuenta con más de 30 millones de usuarios— continúa operando bajo una lógica industrial. El discurso del “narcoterrorismo” empleado por la Casa Blanca sirve para extender la esfera de amenaza sobre empresarios, funcionarios y fuerzas de seguridad, desinstitucionalizando las estructuras jurídicas en México.
Un ejemplo de esta crisis es la situación del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Tras la transferencia extrajudicial de aproximadamente 30 presos a Estados Unidos al inicio de la administración de Trump, se ha generado una brecha jurídica. Actualmente, se solicita un procedimiento similar para Rocha Moya, mientras las autoridades mexicanas insisten en el respeto a los procesos formales de extradición. Ante este escenario, se plantea que la administración de Morena debe priorizar la legalidad y procesar a cualquier funcionario bajo sospecha razonable para evitar el colapso del sistema jurídico nacional.
